Debunker

El balance de los primeros cien días del gobierno de Keiko Fujimori deja una pregunta que merece mayor atención: ¿cuánto de lo presentado como logro corresponde realmente a decisiones y resultados de esta administración, y cuánto es simplemente la continuidad de intervenciones que el Estado viene ejecutando desde hace años?

La distinción no es menor. Una cosa es administrar programas existentes, otra es introducir mejoras en su funcionamiento y una muy distinta es demostrar que esas intervenciones han producido cambios en las condiciones de vida de la población. Sin embargo, el discurso presidencial del 5 de noviembre mezcla estas dimensiones y las presenta bajo una misma categoría: logros de gobierno.[1]

Los ejemplos son numerosos: se mencionan la entrega de viviendas mediante Techo Propio, la generación de empleo temporal a través de Llamkasun Perú, las oportunidades comerciales de Compras a MYPErú y la ampliación de servicios de Cuna Más. Son programas creados en 2002, 2023, 2021 y 2012, respectivamente.[2] Su continuidad es importante y las nuevas prestaciones pueden representar avances de gestión, pero ninguna de estas intervenciones constituye, por sí misma, una innovación de política pública de la actual administración.

Un caso particularmente ilustrativo es el de los 13 millones de materiales educativos que la presidenta presentó entre sus resultados. El Ministerio de Educación había informado el 10 de marzo de 2026, cuatro meses antes del inicio del nuevo gobierno, que el 100 % de los materiales correspondientes al año escolar ya había sido despachado a las instancias educativas del país. Es decir, una actividad sustancialmente ejecutada durante la administración anterior vuelve a aparecer en el balance de los primeros cien días.[3]

Algo similar ocurre con la infraestructura pública, se destaca el destrabe del Hospital Antonio Lorena del Cusco, aunque el Programa Nacional de Inversiones en Salud había informado en marzo de 2026 que el proyecto superaba el 84 % de avance general.[4] También se presenta la recuperación de la Torre Trecca como uno de los resultados de la gestión, pese a que el proyecto había obtenido su licencia de edificación en noviembre de 2025 y contaba con una adenda contractual suscrita en febrero de 2026. Es cierto que las obras comenzaron el 3 de noviembre, durante este gobierno, y ese es un hito concreto. Lo que no corresponde es atribuir a los últimos cien días la totalidad de un proceso técnico, contractual y administrativo desarrollado durante años.[5]

La confusión resulta todavía más evidente en algunas infografías difundidas en redes sociales para defender el balance presidencial. Allí aparecen como logros la elaboración del Marco Macroeconómico Multianual, la coordinación entre policías y fiscales, las requisas penitenciarias, la regulación del uso de celulares en las escuelas y hasta la colocación de la primera piedra de un colegio.

El Marco Macroeconómico Multianual es un instrumento que el Ministerio de Economía y Finanzas debe elaborar y publicar periódicamente por mandato legal.[6] Las requisas penitenciarias y los operativos policiales forman parte de las funciones habituales de las instituciones responsables de la seguridad. En cuanto a la regulación de celulares, su origen está en la Ley N.º 32385, publicada en junio de 2025. El actual gobierno aprobó su reglamento en octubre de 2026, una decisión que sí le corresponde, pero que no equivale a haber formulado originalmente la medida.[7]

También se incluyen comisiones que estudiarán reformas, proyectos de financiamiento, anuncios de construcción y compromisos de ejecución futura. Todas estas acciones pueden formar parte de un proceso de gestión, pero no tienen el mismo significado que un servicio implementado o un problema público efectivamente reducido. Colocar una primera piedra no equivale a entregar una escuela. Crear una comisión no significa haber realizado una reforma.

Desde la perspectiva de las políticas públicas, esta diferencia es fundamental. Una intervención pública debe responder a un problema identificado, establecer objetivos verificables, movilizar recursos y demostrar avances mediante indicadores que permitan observar cambios en la situación que se busca modificar.[8]

Por ello, las cifras de operativos, reuniones, expedientes aprobados o recursos presupuestados pueden ser indicadores de actividad o producción institucional, pero resultan insuficientes para acreditar resultados. Lo relevante es establecer qué cambió respecto de la situación inicial y en qué medida ese cambio puede relacionarse con las decisiones adoptadas.

El denominado Comando Unificado constituye otro (mal)ejemplo. Su formalización en octubre de 2026 es una decisión identificable del gobierno. Sin embargo, la coordinación operativa entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no comenzó entonces. En febrero del mismo año, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ya informaba oficialmente sobre el funcionamiento de un Puesto de Comando Unificado durante el estado de emergencia.[9] La pregunta, por tanto, no es solamente si existe una nueva estructura, sino qué capacidades adicionales incorpora, cómo modifica las intervenciones anteriores y qué resultados diferentes está obteniendo.

En educación, el contraste entre el discurso político y el análisis de los problemas públicos resulta especialmente evidente. La presidenta afirmó que había encontrado profesores «arrinconados por ideologías importadas», una expresión que no identifica cuáles serían esas ideologías, cómo se manifiestan, qué evidencia demuestra su influencia ni de qué manera explicarían los problemas del sistema educativo. Sin esas precisiones, la afirmación carece de contenido analítico verificable y difícilmente puede constituir el diagnóstico de una política pública.[10]

No deja de ser llamativa la semejanza con la retórica utilizada por otros mandatarios latinoamericanos. Jair Bolsonaro, durante su presidencia en Brasil, responsabilizaba a determinadas ideologías de los problemas educativos, mientras que el gobierno de Javier Milei en Argentina ha colocado la lucha contra el supuesto adoctrinamiento escolar entre sus argumentos políticos. Aunque existen diferencias entre ambos casos, comparten una forma de plantear el debate educativo alrededor de una amenaza ideológica que debe ser combatida.[11]

El problema de este enfoque no es discutir legítimamente los contenidos de la educación, sino convertir una afirmación ideológica en una explicación de los problemas públicos sin demostrar la relación entre ambas cosas. La enseñanza de la historia, la convivencia escolar o la formación ciudadana pueden y deben discutirse, pero hacerlo exige identificar contenidos específicos, sustentarlos con evidencia y establecer criterios pedagógicos, no recurrir a categorías cuya amplitud permite incluir prácticamente cualquier posición con la que se discrepe.

Resulta particularmente preocupante que este discurso desplace la atención de problemas bastante mejor documentados. El propio Consejo Nacional de Educación ha identificado brechas territoriales y socioeconómicas, dificultades de aprendizaje, problemas de formación docente, deterioro de los entornos escolares y limitaciones institucionales que afectan la calidad educativa. La Defensoría del Pueblo, por su parte, encontró deficiencias de infraestructura y disponibilidad de materiales en una supervisión nacional realizada durante 2026.[12]

Esos son problemas concretos, susceptibles de intervención, seguimiento y evaluación. Frente a ellos, anunciar la recuperación de la autoridad docente mediante la eliminación de supuestas ideologías extranjeras dice muy poco sobre cómo mejorarán los aprendizajes, las capacidades pedagógicas o las condiciones en las que trabajan miles de maestros.

La presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031 representa una iniciativa de orientación sectorial, pero presentar y aprobar un documento no equivale a ejecutar sus intervenciones. Para evaluar sus avances se requiere conocer las metas, la programación financiera, los responsables, los instrumentos de implementación y, principalmente, los resultados sobre los aprendizajes, la trayectoria educativa y las condiciones de prestación del servicio.[13]

Esto no significa desconocer las decisiones efectivamente adoptadas. El aumento de S/ 100 de la remuneración mínima vital, vigente desde octubre, es una medida concreta de este gobierno, aunque los S/ 70 adicionales para alcanzar los S/ 1.300 anunciados quedaron diferidos para el primer semestre de 2027.[14] También existen decisiones normativas y operativas frente al fenómeno de El Niño, así como intervenciones de prevención y obras cuyo avance físico debe ser reconocido cuando esté documentado.

El problema es que, aun en estos casos, la rendición de cuentas debería distinguir los recursos asignados de los efectivamente ejecutados, las obras iniciadas de las culminadas y las actividades realizadas de sus efectos. Descolmatar kilómetros de ríos, por ejemplo, representa un producto físico verificable, pero su contribución a reducir el riesgo de inundaciones requiere información adicional sobre las zonas intervenidas, la población protegida y las condiciones de seguridad alcanzadas.

Hay, además, una cuestión que atraviesa todo el balance: su relación con las promesas electorales. Fuerza Popular había establecido 68 medidas para los primeros cien días. Sin embargo, el mensaje presidencial no presentó una evaluación sistemática de su cumplimiento, sino que organizó sus resultados alrededor de cuatro objetivos generales definidos por el propio gobierno. Según el Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno, al 4 de noviembre solo se había identificado algún avance verificable en seis de esos compromisos. Se trata de avances, no necesariamente de medidas cumplidas.[15]

Este desplazamiento importa porque modifica el objeto de la evaluación. En lugar de contrastar los compromisos específicos asumidos ante los electores con su ejecución, se presentan actividades administrativas, intervenciones habituales y anuncios cuya vinculación con el programa ofrecido no siempre resulta clara.

Conviene precisar que la continuidad de las políticas públicas no es un defecto. Por el contrario, uno de los problemas históricos del Estado peruano ha sido la tendencia de cada nueva administración a desconocer, modificar o abandonar intervenciones anteriores por razones políticas. Mantener aquello que funciona, corregir sus deficiencias y ampliar su cobertura puede ser una decisión acertada.

Pero precisamente por eso corresponde reconocer la naturaleza institucional de esas intervenciones y evaluar la contribución adicional de cada gobierno. La continuidad no debería utilizarse para borrar los antecedentes de una política, así como la existencia de antecedentes no debería impedir reconocer mejoras reales introducidas por una nueva administración.

Después de cien días no resulta razonable exigir la solución de problemas estructurales acumulados durante décadas. Sí es razonable exigir una rendición de cuentas que distinga con claridad lo heredado, lo ejecutado, lo anunciado y lo efectivamente transformado. Tampoco debe ser aceptado como válido el paporreteo de información sin ningún tipo de sentido, como ha hecho ayer la presidenta en su performance.

Gobernar no es simplemente enumerar lo que hace el Estado. Es tomar decisiones capaces de modificar una realidad y demostrar, con evidencia, que esas decisiones están produciendo resultados.

Sin esa distinción, cualquier gobierno puede apropiarse de la actividad regular de la administración pública y convertirla en una sucesión de supuestos logros. El Estado seguirá funcionando, como corresponde, pero la ciudadanía tendrá cada vez menos elementos para determinar qué aportó realmente quien ocupa el poder.

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Notas y fuentes

[1] Presidencia de la República. Mensaje a la nación: balance de los primeros cien días, 5 de noviembre de 2026. Texto publicado por El Peruano.

[2] Antecedentes: Fondo Mivivienda, marco legal de Techo Propio; Llamkasun Perú, 2023; D. S. N.º 013-2021-PRODUCE, Compras a MYPErú; D. S. N.º 003-2012-MIDIS, Cuna Más.

[3] Ministerio de Educación. Informe sobre el Buen Inicio del Año Escolar 2026, 10 de marzo de 2026. Se informó del despacho de más de 13 millones de materiales a las instancias educativas; la distribución final a los colegios correspondía a las UGEL.

[4] Programa Nacional de Inversiones en Salud. Hospital Antonio Lorena supera el 84 % de avance general, 4 de marzo de 2026.

[5] ProInversión. Licencia de edificación de Torre Trecca, noviembre de 2025; EsSalud, firma de adenda contractual, febrero de 2026; inicio de obras, noviembre de 2026.

[6] Ministerio de Economía y Finanzas. Marco Macroeconómico Multianual: naturaleza y base legal.

[7] Ley N.º 32385, junio de 2025; Decreto Supremo N.º 018-2026-MINEDU, reglamento aprobado en octubre de 2026.

[8] CEPLAN. Guía de Políticas Nacionales, 2024; Guía para la elaboración de indicadores, 2024.

[9] Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Comunicado N.º 005-2026-CCFFAA, 21 de febrero de 2026. Confirma el funcionamiento anterior de un Puesto de Comando Unificado.

[10] Presidencia de la República. Discurso del 5 de noviembre de 2026, apartado «En educación: orden en el aula». La expresión exacta utilizada fue «profesores arrinconados por ideologías importadas». Véase también Infobae, 6 de noviembre de 2026.

[11] Folha de S.Paulo. Bolsonaro responsabiliza a la ideología de los problemas educativos, 9 de agosto de 2019. Gobierno de Argentina. El Gobierno nacional protege a los niños del adoctrinamiento en las escuelas, 11 de diciembre de 2024.

[12] Consejo Nacional de Educación. Elementos para un Plan de Desarrollo de la Educación Peruana 2026-2031, octubre de 2025. Defensoría del Pueblo. Supervisión nacional de deficiencias en colegios públicos, 29 de abril de 2026.

[13] Agencia Andina. Plan Nacional de Educación 2026-2031: propuestas y medidas, 14 de septiembre de 2026; registro de Resolución Ministerial N.º 586-2026-MINEDU.

[14] Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Decreto Supremo N.º 015-2026-TR, septiembre de 2026.

[15] RPP. Observatorio de Cumplimiento: avances en seis de 68 ofertas para los primeros cien días, 4 de noviembre de 2026.